La exprocuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona fue enviada hoy a juicio oral y público por haber utilizado recursos de ese organismo para hacer una defensa particular de la expresidenta Cristina Kirchner ante la denuncia de encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la AMIA, presentada por el fiscal Alberto Nisman antes de su muerte.
Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado federal Sergio Torres envió a juicio a la exprocuradora por el delito de «peculado de servicios», junto a sus exsubprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament.
Ni bien Nisman denunció a Cristina Kirchner, en enero de 2015, por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, Abbona presentó ante la Justicia documentación para contrarrestar las acusaciones.
La presentación de Abbona y los subprocuradores se produjo cuando el juez federal Daniel Rafecas evaluaba la denuncia de Nisman y, entre otras cosas, aportaba el correo electrónico enviado por el secretario general de Interpol, Ronald Noble, desmintiendo que el Gobierno hubiera gestionado el levantamiento de las «alertas rojas» contra los iraníes acusados de volar la AMIA.
Tras ello, el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes denunció a Abbona por «peculado de servicios», un delito que prevé de hasta diez años de prisión: el fiscal explicó que la Procuración del Tesoro debe defender los «intereses del Estado Nacional» y advirtió que en todo caso las personas denunciadas por Nisman, entre ellas la Presidenta, deberían recurrir a defensores particulares o de la Defensoría General de la Nación.
«Los firmantes habrían excedido sus facultades funcionales y extralimitado las misiones específicas del organismo público que dirigen. Es que han utilizado las recursos materiales y humanos con que cuenta la Procuración del Tesoro en beneficio de terceros, personas físicas, no contemplados en las normas que rigen su funcionamiento», sostuvo Moldes.
Inicialmente, había intervenido el juez Sebastián Casanello, quien fue separado por la Cámara Federal porteña luego de que desestimara el caso por inexistencia de delito, y finalmente el expediente pasó a su colega Torres.
El fiscal Moldes sostuvo en la acusación contra Abbona es por esa presentación que hizo cuando aún siquiera había una causa formada y porque consideró que utilizó recursos de la Procuración del Tesoro para defender intereses particulares.
«El hecho por el cual la denuncié en febrero de 2015 fue que ella había ordenado conjuntamente con gente de la Procuración un expediente que presentó al juez Rafecas antes que la causa (por la denuncia de Nisman) se iniciara», señaló.
El delito de «peculado de servicios» prevé una pena de «reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. .
«Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública», prevé la norma.
El juez Torres rechazó planteos de las defenas y elevó el caso a juicio oral y público contra los exfuncionarios, que ahora quedarán a cargo de un Tribunal Oral.
