Después de 11 horas de debate, la Cámara baja sancionó las iniciativas enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo. Ambas tuvieron un respaldo unánime, salvo por las abstenciones de la izquierda.
La ley que crea el Consejo de Malvinas fue aprobada por 235 votos afirmativos y dos abstenciones, la de los diputados Nicolás del Caño y Romina del Plá. El proyecto de demarcación también fue votado prácticamente por unanimidad: recibió 238 votos positivos y las dos abstenciones de los legisladores del Frente de Izquierda.
El miembro informante del oficialismo, Eduardo Valdés, resaltó que la creación del Consejo «expone que para Argentina la única vía concebible» para «defender un espacio que nos corresponde a los 44 millones de argentinos y argentinas» es «la pacífica y diplomática».
«La cuestión Malvinas es una deuda de nuestra joven democracia y además reviste una vital importancia como valor económico en recursos naturales renovables y no renovables; resaltamos las actividades de transporte marítimo y fluvial, las tareas portuarias e industriales, el desarrollo del trabajo científico y tecnológico, los proyectos vinculados al turismo y la recreación, y las acciones de defensa y seguridad», enumeró el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores.
A su turno, el diputado de la UCR Facundo Suárez Lastra destacó que la iniciativa de demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina es «una ley muy importante» que parte de un «esfuerzo que se hizo por más de 20 años por parte de una enorme cantidad de funcionarios de Cancillería».
El Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes tendrá una vigencia de cinco años y funcionará bajo la órbita de Presidencia de la Nación.
Estará integrado por el propio jefe de Estado; el canciller; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; el gobernador de Tierra del Fuego; un diputado y un senador por cada una de las tres fuerzas con mayor representación parlamentaria; dos especialistas en derecho internacional; tres representantes del sector académico y científico; y un excombatiente de Malvinas.
