Las fuentes oficiales consultadas aseguran que no se advierte un corrimiento del voto por la escalada del caso Maldonado, pero el gobierno buscó -tardíamente- curarse en salud frente al tema y ahora quiere mostrarse operativo. Luego de que el caso Maldonado escalara hasta picos impensados por sus integrantes, el gobierno concluyó que debía modificar su estrategia.
Aunque en el fondo siga pensando lo mismo sobre la perspectiva que lo desvela. El cambio de postura se registró inmediatamente después de la gigantesca movilización del viernes 1° de septiembre; al día siguiente el jefe de Gabinete ratificó lo que desde el gobierno venían diciendo, pero fue más enfático: garantizó que no habría “protección para nadie”, consideró prioritario establecer el paradero de Santiago Maldonado y su “aparición con vida”, aclaró que no permitirían “ningún tipo de encubrimiento”, que irían “a fondo” con la investigación, y reclamó avances a la justicia. Para aventar la centralidad de Patricia Bullrich, se subió al escenario al ministro Germán Garavano y al secretario Claudio Avruj, y el Presidente deslizó por fin su opinión personal, aunque fuera en declaraciones “al paso”, como buscando cumplir con un reclamo que se le hacía desde ciertos sectores, aunque sin dar el brazo a torcer: no hubo cadena nacional como algunos sugirieron.
Por si no alcanzaran las señales, el cambio de estrategia quedó claramente expuesto en la visita de Marcos Peña a la Cámara alta, para brindar el informe que manda la Constitución sobre la marcha del gobierno, una semana después de que lo hiciera en Diputados. Si bien no brindó explicaciones diferentes a las que expresó entonces, la postura fue distinta. De entrada nomás se refirió a la desaparición de Maldonado, antes que la oposición se lo planteara y se mostró colaborativo en torno al tema. Pero también exhibió las uñas.
El día anterior la expresidenta Cristina Kirchner se había hecho eco de declaraciones de la diputada Victoria Donda, quien como al pasar había deslizado que en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos que ella preside, realizada el 25 de agosto en la sede del Ministerio de Seguridad, la ministra Patricia Bullrich había reconocido que “por ahí a algún gendarme se le pasó la mano”. Al planteársele esas expresiones durante su exposición en el Senado, el jefe de Gabinete lamentó “la mala fe” de esa diputada y aclaró que lo que se había planteado en dicha reunión era que no podían descartar ninguna hipótesis. Cabe apuntar que en el comunicado posterior a ese encuentro emitido por esa diputada, ella no hizo referencia a esas expresiones supuestamente emitidas por la ministra.
Donda fue una de las que pidió la renuncia de Patricia Bullrich, quien en efecto se la habría ofrecido al Presidente, según versiones no confirmadas pero razonables. Como previsible es que Mauricio Macri la haya rechazado. Eso no sucederá a menos que la justicia encuentre pruebas que incriminen a la Gendarmería, fuertemente respaldada por la ministra, que encuentra en esa fuerza el más sólido pilar para su gestión, que mide según la cantidad de droga incautada en el último año y medio. Con todo, esta semana pareció prevalecer en el Gabinete la postura más equidistante del ministro de Justicia, menos propenso a descartar de plano la responsabilidad de Gendarmería como una suerte de defensa corporativa, y sin temor incluso a pedir la intervención de la ONU para monitorear la investigación, cosa resistida por Bullrich. He ahí una interna clara.
La morosidad oficial en cuanto a asumir en su totalidad cómo podría escalar el tema desnudó nuevamente una sensibilidad política que ciertos sectores califican cuanto menos como “anestesiada”. No es la primera vez que le sucede; sobran ejemplos: Panamá Papers, Correo Argentino, 2×1, son botones de muestra… Sorprende la reiteración de casos, como también los errores no forzados, o hasta bloopers, en los que esta última semana se anotó nuevamente el insólito ministro de Ambiente, que otra vez volvió a hacer carrera en las redes sociales que lo mostraron comprando dos smart TV en Chile. Es inaceptable que el macrismo, que tanta atención les presta precisamente a las redes sociales, sea despedazado en las mismas porque alguno de sus miembros se presta mansamente a ello. Y más si lo hace de manera reiterada, pues Sergio Bergman viene de exhibirse camuflado como planta, para consternación de propios e hilaridad de extraños. Es lo de menos, dirán los que recuerdan su papel desdibujado en la emergencia por los incendios de campos.
Aunque por más que en Cambiemos se agarren la cabeza al ver al rabino metiendo la pata, descuentan que su incursión en los shoppings trasandinos no les hará perder votos. Porque a la postre -y a eso nos referíamos al principio- tampoco se advierte en los focus group y encuestas que vienen realizándose en plena escalada del caso Maldonado que el mismo afecte electoralmente al gobierno. Muy por el contrario, los sondeos indican una consolidación del voto propio alcanzado en las PASO y una potenciación en los principales distritos. Fuentes oficiales confiaron a este medio esta última semana que los números que manejan presagian una victoria arrolladora en Córdoba, un triunfo en Santa Fe -donde Agustín Rossi no logra retener los votos de Alejandra Rodenas, su rival en la interna-, una consolidación de los resultados sorprendentes en San Luis y La Pampa y, sobre todo, un paso al frente de parte de Esteban Bullrich, que le estaría sacando entre 3 y 5 puntos a Cristina Kirchner.
Esa sensación de que “Macri ya ganó” es la que llevó a la CGT a dar vuelta la página exhibida en la marcha del 22 de agosto, y descartar ahora un paro que algunos sugerían anunciar a fin de mes. Si hasta los movimientos sociales se avinieron a suspender la protesta en supermercados del jueves pasado, aunque ahí debió afinarse la negociación, mas sin asignar nuevas partidas.
Aun en el Congreso se respira un clima distinto, como pudo verse el jueves, cuando la oposición dejó de lado el deseo de asestarle al gobierno una derrota volteándole el DNU que eliminó los rembolsos a los puertos patagónicos, ante la promesa de establecer otros beneficios.
Conforme la directiva bajada desde el comando de campaña al resto de Cambiemos, el oficialismo ya no habla de reforma laboral, y en su paso por la Cámara alta el jueves pasado, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, transmitió a la prensa que con el bloque oficialista habló sobre el blanqueo laboral que el gobierno impulsará después de las elecciones, un tema recibido con beneplácito por los popes sindicales. Con ellos se estaría acordando no avanzar en efecto con una reforma de las leyes laborales en el Congreso, sino instrumentar todo lo que se pueda “por sectores”, tal cual el deseo inicial del Presidente, inspirado en el acuerdo alcanzado con los petroleros para Vaca Muerta.
La Justicia es otro ámbito donde se tomó debida nota del resultado de las PASO. Mal que les pese a propios y extraños, los jueces siguen funcionando en esa sintonía. Mala noticia para el kirchnerismo en general y la expresidenta en particular, que el jueves quedó al borde de una indagatoria en la causa por el supuesto encubrimiento en la causa AMIA denunciado por el fallecido fiscal Nisman. Y que antes de las elecciones sería citada a declarar por el juez Claudio Bonadio por la causa de “traición a la patria”, lo que se traduciría en un posterior y, en tal caso, seguro procesamiento.
Los traspiés judiciales involucran al resto del kirchnerismo, con Julio De Vido a la cabeza. Camino al juicio oral por la tragedia de Once, el exministro se estremeció esta semana cuando la Cámara Federal ordenó evaluar su pedido de indagatoria y revocó la exención de prisión de Roberto Baratta y otros en la causa por Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Por el tema circuló la versión de que el juez Luis Rodríguez pediría esta semana el desafuero del diputado nacional, aunque no para detenerlo. Por ahora.
Las malas nuevas para el kirchnerismo en materia judicial vienen de a muchas: la semana judicial cerró con el juez Rafecas elevando a juicio oral la causa contra el general César Milani por enriquecimiento ilícito, mientras la Cámara Federal de Casación habilitaba la realización de un juicio oral contra el expresidente del BCRA Alejandro Vanoli y Guillermo Moreno por abuso de autoridad. El dique de contención fue volado con el resultado de las PASO, y la corriente se hizo caudalosa cuando el oficialismo logró mandar a juicio al camarista Eduardo Freiler, uno de los emblemas de la justicia K.
