El proyecto, impulsado por el Frente de Todos, tuvo 133 votos a favor y 115 en contra. Prevé recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos para ser utilizados con fines sociales y sanitarios vinculados a la pandemia de coronavirus.
El debate en la Cámara de Diputados se prolongó durante 13 horas, luego de haber comenzado a las 14:30 del martes. El llamado impuesto a la riqueza debería ser pagado, en caso de convertirse en ley, por unas 10 mil personas, según datos de la AFIP.
A raíz del aislamiento preventivo al que se sometió el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, por sospechas de contagio de coronavirus tras una reunión que mantuvo con un representante de la misión del FMI que contrajo COVID-19, la sesión comenzó siendo presidida por el vice del cuerpo, Álvaro González.
Con la luz verde de las autoridades sanitarias tras el negativo que arrojó el segundo hisopado, Massa retomó las funciones presenciales en el Congreso, donde primero se reunió con ministros nacionales y funcionarios, y luego ocupó su asiento en el hemiciclo del recinto.
La sesión comenzó con un alto grado de tensión con acusaciones entre el oficialismo y la oposición. Primero hubo un cruce entre Brenda Austin y Cecilia Moreau sobre los giros de comisión al proyecto de plásticos de un solo uso, y más tarde los diputados Álvaro de Lamadrid y Waldo Wolff plantearon cuestiones de privilegio contra Massa por no hacer los esfuerzos necesarios para reconducir a la Cámara de Diputados hacia la presencialidad de sesiones.
El diputado Germán Martínez replicó las críticas y cargó contra Juntos por el Cambio por considerar que buscaba generar un mal clima para enturbiar y dilatar el tratamiento del proyecto de grandes fortunas.
«Nosotros no armamos, no planificamos, ni damos golpes por atrás. Nosotros conversamos de frente. Quiero decir que no vamos a hacer lo que nos hacían ustedes, cuando había 20 cuestiones de privilegio por sesión, 30 pedidos de apartamiento de reglamento por sesión», contestó el presidente interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri.
El clima de conflictividad se aplacó un poco cuando comenzó el debate concreto del proyecto sobre grandes fortunas, cuya presentación recayó en el presidente de la comisión de Presupuesto y miembro informante del Frente de Todos, Carlos Heller. El economista y autor del proyecto aseguró por videoconferencia que el proyecto «no está pensado contra personas determinadas».
«Estamos frente a una situación de emergencia que es lo que le da la situación de excepcionalidad, extraordinario. Y es por única vez, porque se pretende -con sustento en los principios constitucionales de solidaridad- alcanzar a personas humanas titulares de grandes fortunas», afirmó.
Por su parte, Luciano Laspina (PRO) consideró que la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner consagra una «lógica de pegarles un tiro en los pies de los empresarios que tienen que empujar del carro en la salida de la pandemia» de coronavirus. El santafesino señaló que el «impuesto a la riqueza» es «confiscatorio» porque hay una absorción por parte del Estado de una parte sustancial de la renta o la propiedad», argumentó.
Para Laspina, «la emergencia no habilita a violentar la Constitución Nacional», y cuestionó que el aporte «opera como doble imposición respecto del impuesto que hoy ya rige de Bienes Personales».
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Por su parte, Nicolás del Caño justificó la abstención del Frente de Izquierda al opinar que la iniciativa de impuesto a las riquezas es el «camuflaje de un ajuste contra el pueblo» que se lo quiere «presentar como algo revolucionario».»Es un proyecto que recauda muy poco y es un engaño que intenta ocultar esta farsa», indicó.
Hugo Yasky (Frente de Todos) manifestó: «Con todos los impuestos que Macri les perdonó no hubo derrame hacia abajo, hubo derrame a los paraísos fiscales y ahora hay que pagarlo como deuda externa. Reivindicamos este aporte extraordinario como una salida para los que menos tienen».
En tanto, Graciela Camaño (Consenso Federal) dijo que se trata de un «impuesto» que se superpondría con la misma base imponible que ya fija el tributo de Bienes Personales, por lo que genera «inseguridad jurídica», «pérdida de confianza» y desaliento de inversiones.
