Así lo hizo al rechazar los planteos del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y de otros acusados contra los testimonios de los arrepentidos, en la causa que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández.
De esta forma, la Sala I, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa (esta última en disidencia), validó las declaraciones de los imputados colaboradores.
De Vido y otros imputados habían planteado la inconstitucionalidad de la ley, al considerar que la misma fue sancionada posteriormente a cuando tuvieron lugar los hechos investigados.
Más allá de que el fallo puede ser apelado por las defensas ante la Corte Suprema de Justicia, el mismo implica un duro revés para Cristina Fernández y demás ex funcionarios y empresarios imputados, quienes están en etapa de juicio, aún sin fecha de inicio.
«En el caso, concretamente la parte no ha logrado demostrar de qué manera se vería modificada la situación de su defendido si se beneficiara, por ejemplo, al imputado colaborador que esté más alejado de aquellos que tienen las máximas responsabilidades», dijo Barroetaveña.
«En el caso concreto de la Ley 27304, los recurrentes deberían demostrar, de manera concreta y específica, de qué modo la norma cuya inconstitucionalidad alegan viola garantías y derechos reconocidos por la Carta Magna y, en ese ámbito de discusión, quedarán al margen del examen las motivaciones y finalidades que inspiraron a los legisladores para sancionar la norma en trato (por cierto, es útil memorar que la ley fue aprobada por ambas cámaras con una amplísima mayoría», expresaron los jueces Barroetaveña y Petrone.
