El Gobierno promulgó la Ley 27573 que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, en medio de la emergencia sanitaria por esa enfermedad.
Sancionada el último 29 de octubre por el Senado, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, a realizar los trámites para la adquisición de las vacunas que se desarrollen para enfrentar la enfermedad.
La norma exime del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud.
Asimismo, establece que «Idéntico tratamiento» recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Esta semana, el presidente Alberto Fernández informó que la Argentina estaría en condiciones de recibir entre diciembre y enero 10 millones de vacunas Sputnik V, desarrolladas por Rusia contra la Covid-19. Cada vacuna está compuesta por dos dosis.
«Tuvimos una propuesta de la Cancillería rusa y del fondo soberano de Rusia para ver si Argentina estaba interesada en contar con dosis de la vacuna en el mes de diciembre y por supuesto que dijimos que sí», dijo Fernández y apuntó: «Para nosotros es muy importante porque permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo, de todo el país».
Ayer, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, indicó que la campaña de vacunación «va a tener una envergadura y tiene particularidades muy grandes, igual que la campaña que se hizo antigripal después de la pandemia H1N1 en 2010».
Además, afirmó que «ninguna vacuna contra la Covid-19 será obligatoria» y destacó la importancia de que la población entienda «la estrategia del Estado nacional» en el tema.
