Se trata de Jorge Suárez y Miriam Larrañaga, del Frente de Todos. Ambos habían presentado un proyecto de ordenanza municipal en el Concejo Deliberante de este distrito, en el que proponían adherir al Protocolo de Abortos de la provincia de Buenos Aires.
La denuncia penal fue radicada por la Fundación Más Vida, con el patrocinio letrado de los doctores Adrián Morales, Ángel Romero y Claudio Venchiarutti. Todos ellos son reconocidos abogados «provida» y confluyeron junto con el apoyo de otras organizaciones, tanto nacionales como locales, en el encuadre adoptado a los acusados por “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
Raúl Magnasco, presidente de dicha fundación, había impulsado en 2019 una denuncia penal contra el gobernador jujeño Gerardo Morales por la desaparición de Esperanza (nombre dado por los sectores «provida» a la bebé que nació por cesárea prematura de un embarazo producto de una violación). En las últimas horas, brindó detalles de la acusación contra los dos concejales de Berisso.
«Principalmente el protocolo al que intenta adherir la Ciudad de Berisso se encuentra impugnado judicialmente por una medida cautelar en suspenso, y atenta contra las mujeres víctimas de violación por cuanto prescinde de la denuncia y de la investigación sobre el agresor sexual. Además es errado por cuanto asume al aborto como un derecho emanado del Código Penal, cuando todos sabemos que el Código tipifica delitos, y no crea derechos subjetivos», explicó Magnasco.
«El aborto por protocolo es igualmente peligroso, y cualquier concejal que atente directa o indirectamente contra la salud de las mujeres, pretendiendo adherir a un protocolo de aborto, y exponiendo a las mujeres a mas violencia sexual, deberá rendir cuentas en la Justicia”, advirtió el presidente de la Fundación Más Vida.
Por su parte, el doctor Claudio Venchiarutti expresó su preocupación por «la impunidad con la que un par de concelajes intentan imponer el aborto a todos los vecinos de Berisso, contrariando la voluntad y el mandato popular de aquellos a quienes suponen representar».
«Desde ya que hay miles de prioridades y asuntos postergados que resolver, por lo que preocupa aún mas el enfoque ideológico con el que abordan esta práctica condenada, dejando la sensación de querer distraer a la población de los auténticos problemas, creando uno nuevo. Aquí se configura una evidente violación a los deberes de funcionario público, y esperamos que la justicia actúe con toda celeridad», completó Venchiarutti.
Las autoridades de la Fundación Más Vida alertaron, además sobre la posibilidad de llevar el caso a la OEA (Organización de Estados Americanos), en busca de dar intervención a la Corte Interamericana en caso de no prosperar la denuncia, o de persistir en el tratamiento de la ordenanza que denunciada.
La Denuncia recayó sobre la Fiscalía N° 7 de la ciudad de La Plata, a cargo de la Fiscal Virginia Inés Bravo, quien deberá investigar las circunstancias del hecho denunciado.
