Proyecta una recuperación económica del 5,5% y un déficit del 4,5% del Producto Bruto. Además, contempla una baja de la inflación al 29%, un dólar a $102 para diciembre del año próximo y destina más del 60% de los recursos a planes de seguridad social.
La iniciativa fue enviada hoy en tiempo y forma, como establece la Ley de Administración Financiera, que fija como fecha tope al 15 de septiembre para presentar el proyecto que establece el detalle de gastos y recursos para el año siguiente.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya anticipó que la pauta de déficit fiscal primario para el próximo año será de -4,5% del PBI, cifra que ya tiene el aval del Fondo Monetario Internacional, según indicaron fuentes del gabinete económico.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, realizó ayer la revisión de la versión final del Presupuesto 2021, que hoy ingresará al Parlamento.
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Según las proyecciones económicas del texto, este año finalizará con un desequilibrio primario del 8% y que un 2,5% del déficit se recuperarían en el próximo año por mayor recaudación y la reforma impositiva, que contempla cambios en los impuestos a los Bienes Personales, en Ganancias, y la aplicación del tributo a las grandes fortunas o riqueza, que el Congreso comienza a analizar este martes.
El primer proyecto de Presupuesto 2021 de la gestión del presidente Alberto Fernández que se presentó ante la Cámara de Diputados demandará al menos un mes de debate, en cuyo transcurso los funcionarios explicarán cada uno de los aspectos centrales, los datos macroecónomicos, los subsidios al transporte, las obras públicas y las relaciones con las provincias.
Junto con la sanción del proyecto de presupuesto se deberá sancionar la nueva ley de movilidad jubilatoria, donde se fijará cómo se actualizarán en el 2021 las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y por Hijo, a cuyo pago se destinan junto con los planes sociales.
La baja del gasto se deberá en parte a que el Gobierno no continuará el próximo año los planes de Ingreso Familiar de emergencia (IFE) y de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que se aplican ahora para que las empresas puedan enfrentar la crisis sanitaria.
Según trascendió para el sistema de justicia nacional el año próximo el Estado contempla un gasto gasto de 95.000 millones de pesos, de los cuales un 90% está comprometido para el pago de salarios, y otros 400 millones para la creación de nuevos juzgados y equipamiento informático.
Guzmán anticipó que los cinco objetivos del Presupuesto son «inclusión social, que requiere crear trabajo; dinamismo, agregar valor a la producción; estabilidad, que requiere que el país a medida que se recupera genere condiciones para que las exportaciones crezcan y no volver a chocar con un problema de falta de dólares; equidad regional, para que el desarrollo sea federal, y soberanía económica».
