Los veedores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tuvieron que retirarse del establecimiento cuando un grupo importante de afiliados pidió impugnar la asamblea “por detectar diversas irregularidades” y considerar que “no estaban dadas las garantías para sesionar”, moción que los funcionarios de Trabajo consintieron dada las groseras anomalías encontradas.
La fallida Asamblea General Extraordinaria fue convocada por la Unión Personal de Panaderías y Afines (UPPA) para el pasado 28 de abril y terminó en un escándalo de dimensiones cuando se advirtieron asambleístas truchos, lista de afiliados apócrifas y carnet ilegítimos; planillas de asistencia adulteradas, padrones falseados, ingreso en el recinto de persona ajenas o no afiliadas y no seguir el orden de día, entre las tantas irregularidades por parte del oficialismo que encabeza José Luis Sánchez.
Sánchez es un controvertido dirigente sindical que conduce el gremio de los panaderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acusado por sus pares de firmar convenios a la baja para sus trabajadores por ser él dueño de panaderías en la ciudad.
El punto más delicado de la Orden del Día fue la elección de los integrantes de la Junta Electoral que, compuesta por tres miembros, tendría a su cargo la organización y fiscalización de las elecciones generales de renovación de cargos de los miembros de la Comisión Directiva para el período 2023/2027.
Una gran parte de los afiliados sospechan que puede estar armándose un “fraude electoral” por la forma en que se intentó conformar el cuerpo responsable de llevar adelante las próximas elecciones.
En el desarrollo de la asamblea se advierte que en las tres mesas de acreditaciones, un grupo de personas manifiestan a viva voz su descontento con el desarrollo de la acreditaciones ya que existen personas no pertenecientes a la organización gremial y por el contrario, a afiliados que no se les permite el ingreso al inmueble. Estos manifestantes resaltan irregularidades en las mesas de acreditación.
Las acreditaciones se realizan por persona dispuesto por la entidad sindical convocante. Los dos veedores del Ministerio de Trabajo remarcan en su informe que “las personas de Comisión Directiva nos manifiestan sobre la presencia de un Escribano en las mesas de acreditación” y observan que “dentro del salón donde se realizaría el acto deliberativo, ya existía la presencia de personas aparentemente acreditadas y a la espera del inicio de la
Asamblea”.
Por la queja de afiliados a estas irregularidades, se posterga por una hora el comienzo de la asamblea. Comienzan los silbidos y abucheos por parte de algunos afiliados presentes. Crece el tránsito de personas en el área del salón y los pasillos por los que los funcionarios del Ministerio hacen saber a sus superiores y solicitan instrucciones.
Comienzan las manifestaciones y agresiones en forma verbal, luego insultos y un descontento generalizado sobre la forma de las acreditaciones de los presentes.
“Se puede percibir auditivamente, que un grupo de personas dentro del Salón
comenzó levantar la voz, realizando insultos y silbidos contra la Comisión Directiva. Luego comienza una riña entre un grupo de personas dentro del Salón y, entre medio de las agresiones a la Comisión Directiva intenta continuar con el
desarrollo del acto. En este estado, nos comunicamos con la Dirección Nacional e
informamos los acontecimientos que se estaban desarrollando, para lo cual, se nos ordena
retirarnos del establecimiento” relatan en su informe los veedores del Ministerio de Trabajo.
Una afiliada impuso una carta documento solicitando la “impugnación y nulidad” de las asambleas por “la comisión de gravísimas y espurias irregularidades e ilicitudes ejercidas con la única finalidad de incurrir en FRAUDE ELECTORAL” cometidas desde el momento de la acreditación de las personas asistentes, durante el inicio y desarrollo de las deliberaciones hechos éstos que motivara que los Inspectores designados por la Autoridad de Aplicación para fiscalizar dichos actos asamblearios se retiraran del recinto.
