A través de un descargo escrito, Carlos Rosenkrantz dijo ser víctima de acusaciones «infundadas». Lo hizo en medio de las críticas de sectores del Frente de Todos y el pedido de juicio político.
«Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos», consideró el titular del máximo tribunal en su defensa.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia realizó sus declaraciones tras un fin de semana de discusión entre oficialismo y la oposición a partir del pedido de juicio político que presentó la diputada nacional del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, por supuesto «mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones».
Rosenkrantz se quejó de que «distintas personalidades» le «atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza». En una movida inusual, rechazó las acusaciones de Siley y dijo que «son completamente infundadas», ya que no ha «incumplido deber funcional alguno».
El pedido de juicio político de la diputada oficialista se basa en el voto de Rosenkrantz en causas de violación de derechos humanos durante la última dictadura militar, y se conoció días después de que el alto tribunal aceptara el per saltum de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruiglia y Germán Castelli.
«Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza», dijo en un comunicado el titular de la Corte, que además negó la denuncia por supuestamente tener 70 cuentas en el exterior: «La imputación es falsa».
Siley acusó a Rosenkrantz por haber aceptado, en minoría frente al resto de sus colegas, la aplicación del 2×1 en el caso de Luis Mina, un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
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«Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ´Muiña´, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el ´2×1´ (tanto en «Muiña» como en «Batalla») encuentran su apoyo en la Constitución Argentina», dijo el cortesano.
La acusación de la legisladora también versa sobre otra causa donde se investiga el apagón que se produjo en la dictadura militar en el pueblo de General San Martín, en Jujuy, y donde se dictó la falta de mérito del empresario Carlos Blaquier y Alberto Lemos.
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«La acusación relativa a mis vínculos ´explícitos´ con la familia Blaquier basada en que mi esposa integra una junta directiva en una ONG sin fines de lucro dedicada a brindar becas a estudiantes secundarios de bajos recursos con alguien que sería el sobrino del imputado es completamente absurda», reprochó el presidente de la Corte.
A raíz de denuncias de esa índole, el juez informó que convocó para el jueves a una reunión de comisión interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad la cual, según recordó, no se reúne desde 2016.
«La promoción del juicio político también menciona imprecisamente presuntos conflictos de intereses que supuestamente me obligaban a excusarme en distintos casos. Nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme», dijo el supremo.
