El oficialismo sancionó la medida impulsada por el Poder Ejecutivo que congela hasta fin de año las tarifas de internet, telefonía y TV por cable, entre un paquete de decretos y frente al rechazo de la oposición.
Con 41 votos a favor y 26 en contra, el Senado avaló una serie de decretos que incluyen también el que habilitó el canje de la deuda emitida bajo legislación extranjera y el que derogó el DNU que había dispuesto la intervención de la cerealera Vicentin (el único acompañado por Juntos por el Cambio).
La discusión sobre los DNU firmados por el presidente Alberto Fernández comenzó poco antes de las 21, luego de casi seis horas de análisis de otros proyectos (sobre «capitales alternas» y «grooming», entre otros), y el principal contrapunto estuvo en el tema de las telecomunicaciones.
En un repaso por todos los DNU, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, afirmó que «el acceso a las telecomunicaciones es un servicio esencial» y que el decreto sobre el tema «dice bien clarito que se piden tarifas razonables, nada más».
Sobre el decreto referido al canje de la deuda externa, afirmó: «Volvemos a arreglar el problema. En 2001 tuvimos que arreglar el desastre de la deuda que dejó (el gobierno de Fernando) De la Rúa».
Su par de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, remarcó que el rechazo de la bancada a casi todo el paquete se debe al «incumplimiento del reglamento» que le atribuyen al oficialismo en la Comisión Bicameral que dictamina sobre la validez de los DNU.
Al referirse al tema de las telecomunicaciones, cuestionó a los oficialistas que hablaron de la «concentración» de ese mercado y recordó que «la fusión de Cablevisión y Multicanal la firmó (el ex secretario de Comercio de Néstor Kirchner) Guillermo Moreno. Fueron ustedes, ya que están en esto de ustedes y nosotros «.
Previamente, su compañero de bancada Martín Lousteau, afirmó que están «de acuerdo con el congelamiento» de las tarifas de esos servicios hasta el 31 de diciembre pero que el tema de las telecomunicaciones y la conectividad «es complejo» y la igualdad en el acceso y las inversiones para el sector «no se logran con un DNU». De esa manera resumió buena parte de la postura de Juntos por el Cambio, donde senadoras como Gladys González criticaron que con este tipo de medidas «se le cambia las reglas de juego al sector productivo» y «cuando el sector privado no tiene certezas se retrae».
En tanto, el oficialista chubutense Alfredo Luenzo planteó que «en el interior hay menos conectividad y a valores más elevados y esto no lo va a resolver el mercado, pero si este DNU», y la mendocina Anabel Fernández Sagasti remarcó que «no intenta sacarle las ganancias a nadie, sino que todos tengan acceso a algo que es un derecho humano».
