sábado, julio 27, 2024

EL SENADO COMENZÓ A DEBATIR LA VALIDEZ DEL DNU SOBRE TELECOMUNICACIONES

Así lo hace en una sesión especial convocada por el oficialismo. El decreto fue dictaminado la semana pasada en la Bicameral de Trámite Legislativo, sin la presencia de los bloques opositores.

El Senado también analizará el DNU que dejó sin efecto la intervención de la empresa Vicentin.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo declara servicio esencial a las denominadas “tecnologías de la información y la comunicación” (TIC) y congela las tarifas de la telefonía fija, celular, internet y televisión paga. Además, establece que cualquier aumento tarifario deberá ser autorizado por el Gobierno nacional.

En la sesión que se lleva a cabo, los senadores también debaten el DNU 636/20 que dejó sin efecto su similar 522/20 que había dispuesto, el 9 de junio pasado, la intervención transitoria de la empresa Vicentin.

Leé más sobre el DNU que declara servicios públicos esenciales a la telefonía celular, internet y TV paga

La medida original había generado una disputa entre el oficialismo y la oposición, pero el decreto que marcó su derogación fue respaldado por todas las fuerzas políticas.

Por otro lado, los senadores también le dan ingreso, al comienzo de la sesión, a 29 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar a nuevos jueces y defensores oficiales en diferentes juzgados de todo el país.

Asimismo, los senadores también debaten sobre un proyecto de Ley por el que se crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes y otro que modifica la Ley de Educación Nacional incorporando en los contenidos curriculares los conceptos de ciberdelito, acoso virtual y la necesidad de protección de los datos personales en redes sociales y canales informáticos de los menores.

También fue incluido en el listado de temas un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que crea las Capitales Alternas de la República Argentina; y una declaración adhiriendo a la iniciativa de sostener el consenso para que la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea ocupada -como lo ha sido durante toda su historia- por un representante latinoamericano.

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