FUNDACION MAS VIDA DENUNCIA A MARISA GRAHAM

Se trata de la titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, quien había sido designada para ese cargo en 2020 por una comisión bicameral del Congreso de la Nación. La denuncia penal, que se radicó en el Juzgado Federal Nro 11 de Comodoro Py, fiscalia 5 de Franco Picardi, por el delito de Abuso de autoridad y Violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 Código Penal). El Dr. Raúl Magnasco, presidente de la Fundación Mas Vida que suscribió la denuncia, explicó a este medio que la misma se sustenta por la intención de Graham de perpetuarse en el cargo de la Defensoría cuando la normativa establece que es transitorio.
“Específicamente, la ley 26.061 dice que es el Congreso Nacional –por medio de la Comisión Bicameral designada al efecto- quien ostenta la potestad de nombrar, confirmar, remover o renovar los mandatos del titular de la Defensoría y sus adjuntos, por lo que la conducta de Graham de ‘auto prorrogarse’ el mandato es claramente ilegal” explicó el experto, y luego agregó que “para mayor evidencia, por medio de la resolución conjunta DR/20 el Congreso Nacional despejó cualquier duda indicando que la duración del mandato es de 5 años, y por lo tanto vence el próximo 28 de febrero, momento a partir del cual Graham deberá volver a su casa”.
La denuncia se encuadra en el accionar de Graham, quien previendo el final de su carrera a cargo de la Defensoría, y ante el silencio del Congreso que no trató ni designó al próximo titular de la misma, se aprovechó del receso del parlamento para auto prorrogarse indefinidamente en el cargo mediante la resolución “1/2025” firmada por ella misma, en la que se arroga la facultad de modificar el reglamento interno, y en la que incorporó el “Artículo 7 bis” de “prórroga tácita” en la que sugiere que hasta tanto el Congreso designe un nuevo Defensor, ella continuaría ocupando el cargo indefinidamente.
El Dr. Angel Romero, abogado de la Fundación denunciante, indicó por su parte que “el mayor peligro de la conducta de Graham, y razón fundamental por la que la Justicia debe ponerle un freno, es el precedente que dejaría de quedar impune, ya que cualquier funcionario de rango bajo o medio mañana podría imitar a Graham, modificar su propio reglamento, y perpetrarse en el cargo indefinidamente contrariando toda normativa y el derecho constitucional”.
La matiz política no es ajena al caso Graham, quien asumió su cargo en medio de polémicas por su postura a favor del aborto –cuando aún era ilegal-, de parte de quien justamente debía proteger a los niños, que por mandato constitucional (Art. 75 C.N.) abarca a todas las personas desde la concepción y hasta los 18 años de edad, y que ahora contaría con el aval del kirchnerismo que admitió que tenía interés en renovar su mandato, pero que significaría por otro lado una derrota para el oficialismo, en caso de prosperar, probablemente la primera de peso en las arenas del Senado Nacional, donde se estancó este intento de renovación.
La paradoja del caso es que, aún si el kirchnerismo lograra ganar la pulseada e imponer nuevamente a Graham en la Defensoría, con la denuncia penal podría resultar condenada y con ello inhabilitada a ejercer cargos públicos, lo que le impediría asumir la titularidad nuevamente. En tal caso, la auto prorroga le habría sido contraproducente a Marisa Graham, quien ahora no solamente depende de la pulseada política, sino también de lo que determine la Justicia.