jueves, marzo 28, 2024

IMPUGNACION JUDICIAL A MARISA GRAHAM

Este lunes las organizaciones provida, en coordinación con la Fundación Mas Vida, se presentaron en la Justicia Federal con un Recurso de Amparo y Medida Cautelar, para dejar sin efecto la primera instancia de nombramiento de Marisa Graham como Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que esta vacante desde su creación hace casi 14 años.

Graham, de 64 años, ha despertado el rechazo de gran parte de la población por su pasado apoyo manifiesto al aborto, no pudiendo esconder sus fotos portando pañuelos verdes, que han circulado hasta el cansancio por las redes sociales, repudiándose que la defensa de los niños recaiga justamente en alguien que no los defiende en el vientre: en una polémica entrevista periodística declaró que solamente defenderá a “los niños de aquellos embarazos que quieran llegar a término”, desafortunada frase que habilita a las organizaciones sociales a recurrir a la justicia, puesto que revela información sobre su candidatura que no se conocía al momento de su postulación y nombramiento.

“Los argentinos repudiamos esta preselección y hoy recurrimos a la justicia para que intervenga y ponga fin a esta irregularidad. Somos el único país del mundo en donde se elije a una abortista para defender a los niños, es un sinsentido legal. Además Graham no solamente desconoce la legislación argentina, que define como niño a todo ser humano desde la concepción, sino que parece que vivía en otro país el año pasado cuando el Congreso Nacional rechazó el aborto. Una defensora de niños, que confiesa que solo defenderá a los deseados, se encuentra totalmente inhabilitada para ejercer un cargo tan importante” sostuvo Ayelén Alancay, dirigente de la Fundación Mas Vida, la misma ONG que accionó judicialmente contra la provincia de Jujuy frenando el aborto en el caso Esperanza. Según las palabras del Dr. Angel Romero, el abogado que comanda el equipo legal de la fundación “este nombramiento reviste de nulidad desde el momento que la acusada admitió que no cumplirá cabalmente con el cargo que aspira a ocupar, puesto que el deber de la Defensoría del Niño es justamente velar por el cuidado y defensa de todos los niños, no de algunos, y con mayor atención de aquellos mas vulnerables. Hoy no podemos hablar mas de humanos de primera y de segunda, pero mucho menos desde un cargo público de Defensoría. Esto es un acto de discriminación absoluta, y la justicia debe intervenir”.

El escándalo ha generado aún mayor descontento en parte de la población al trascender, en medio de la mayor crisis económica de los últimos años, que el cargo de la Defensoría recibió una asignación presupuestaria de 50 millones de pesos, que podrían quedar en manos de una militante pro-aborto que admitió que solo defenderá a aquellos que provengan de un embarazo deseado.

El nombramiento realizado por una comisión compuesta mayoritariamente por miembros conocidos por su posición pro-aborto, debería atravesar un proceso de ratificación por parte del Congreso Nacional, que aún no se expidió sobre un pedido de impugnación previo interpuesto ante la misma Comisión. Si bien no trascendió cual será la postura del Congreso sobre el nombramiento, ya se empieza a hablar del “costo Graham” en alusión al costo político que el oficialismo intenta evitar de volver a tratar el tema del aborto en año electoral, algo que ahora depende de la justicia.

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