Después de la polémica protagonizada por el embajador del país ante la OEA, el Gobierno dio un giro en su postura. Así respaldó el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Lo hizo en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla hoy en Ginebra.
«La Argentina está preocupada por la situación de derechos humanos y por la crisis política y humanitaria agravada por las sanciones y la pandemia de COVID-19. Entendemos que los derechos fundamentales de todos los venezolanos deben prevalecer sobre otras consideraciones», expresó el embajador argentino ante el organismo, Federico Villegas, en Ginebra.
El país votó a favor del proyecto de resolución que extiende el mandato de la Alta Comisionada sobre la situación venezolana e instó a todas las partes «dentro y fuera del país» a «cooperar plenamente».
La definición llegó luego de una semana en la que hubo cortocircuitos en la cartera que dirige Felipe Solá tras la polémica desatada días tras por las declaraciones de Carlos Raimundi, que dijo que el país caribeño «sufrió un fuerte asedio de intervencionismo» y que la apreciación sobre las violaciones a los derechos humanos eran «sesgadas».
Cancillería había anticipado en un comunicado de prensa que el país «mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana».
En este punto, Argentina le pedirá a Venezuela que coopere plenamente con el Consejo e implemente las recomendaciones de la misión, pero además «que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas».
Además Cancillería adelantó que apoyará «la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas». Y agrega a través del comunicado: «Nuestro país contribuirá así a que se cumpla con la hoja de ruta convenida en la Carta de Entendimiento firmada por la Alta Comisionada y el gobierno venezolano».
El Gobierno también manifestó que «son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral».
Por último, la cartera de relaciones exteriores recalcó que el presidente Alberto Fernández «sostuvo una vez más que deben condenarse los bloqueos y las sanciones» contra el país caribeño.
