En pocas horas, la Justicia Federal de San Martin se declaro incompetente en el amparo que interpuso la Municipalidad de Vicente López, en otra clara demostración que la vuelta a clases en esa jurisdicción tiene poca acogida. En provincia, el intendente Jorge Macri, junto a Gustavo Posse, fueron de los primeros en animarse a cuestionar la restricción nacional, en claro apoyo a la esencialidad de las clases presenciales. La justicia federal, al rechazar, dispuso que la demanda debe ir a la Justicia de la provincia de Buenos Aires, la que entiende es competente.
El abogado especialista en derecho administrativo, de vasta trayectoria en la materia, Diego Isabella, analizando estos antecedentes, y en procura de obtener una decisión judicial sobre el tema central (la vuelta a clases presenciales), junto a otros padres, en representación de sus hijos, interpusieron demanda originaria de inconstitucionalidad ante la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la que ahora deberá expedirse. Los padres, profesionales del derecho, pertenecen a la agrupación abogados en acción, coordinada por Jimena De La Torre, grupo que nuclea a más de cuatrocientos abogados interesados en el mejoramiento de la justicia y las instituciones republicanas, y que viene apoyando a los padres en esta titánica tarea.
Isabella sostuvo que “El Gobierno Provincial al dictar el decreto 1281/21, no solo restringe los derechos de los chicos a educarse adecuadamente, sino que institucionalmente también ocasiona un gran daño a la autonomía provincial”, ya que, agrega: “el Gobernador, se ha autolimitado indebidamente ya que la materia que regula el decreto de Fernández es una materia propia y exclusiva de la autonomía provincial, que no fue delegada a la Nación”. Esto es de tal gravedad que amerita la intervención del Máximo Tribunal de la Provincia, para remediar este avasallamiento a las autonomías, del cual el Gobernador (paradójicamente) ha sido artífice.
En Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Contenciosa y Tributaria de esa jurisdicción, ha dispuesto una medida cautelar que ha permitido el reinicio de las clases presenciales en la Ciudad, cosa que a la fecha no se ha logrado en la Provincia de Buenos Aires. Los distintos amparos de padres, hasta ahora, han encontrado criterios muy discutibles en materia de competencia, que no les han permitido, en general, tratar el asunto de fondo.
Los abrazos simbólicos de los padres e hijos que se han replicado en todo el territorio provincial, aguardan que la justicia se haga eco de sus derechos, y el de sus hijos.
Esta nueva acción de estos padres, junto al patrocinio del Dr. Alvarez Bilbao, genera expectativas, ya que se ha puesto ante el Máximo Tribunal Judicial de la Provincia la decisión sobre la vuelta a clases, quien es el que debe resguardar, en última instancia, los derechos de los ciudadanos de la provincia, y la defensa de la autonomía provincial.
