Por Ayelén Alancay – Dirigente de la Fundación Más Vida
Pocas cosas irritan tanto como cuando la Justicia, asumiendo su inevitable condición humana, y haciendo propias sus más vergonzosas miserias, corre patéticamente la venda de sus ojos, a fin de absolver o condenar a quien supone juzgar, no en función del delito cometido, sino del poder político de turno, y lo que desde allí se ordena.
En una evidente falta de independencia de los poderes del Estado, que siquiera podría haber imaginado el Marqués de Montesquieu, en Argentina ser delincuente no es una condición a la que se llega por cometer delitos, sino dependiendo de la “palanca política” que se tenga. Hartos ya de pretender disfrazar de “convivencia” la insoportable prepotencia de algunos “dirigentes” que atentan verbalmente contra todo y contra todos, amenazando incluso a la misma policía, en aras de la poco delimitada libertad de expresión, respaldada por funcionarios que poco representan a la población, y que escondidos en posiciones de poder, recurren a frases como “no todas las vidas valen igual”, o que habría que desaparecer a un determinado periodista, asumimos como propia la denuncia ante la escandalosa injusticia de gran parte de la Justicia argentina.
Hace pocos días pudimos observar atónitos como la Policía Federal se llevaba detenido a un periodista por supuesta amenaza de muerte a una ex presidenta, en algo así como una “interpretación” amenazante sobre sus dichos de que “de esta no saldría viva”. Aquí no hubo libertad de expresión, ni la sola duda sobre si sería una amenaza o una advertencia, sino determinación sobre comisión de delito. Fue imputado, procesado, y detenido, con una celeridad inédita en el Poder Judicial argentino, como si su sola libertad pudiera implicar un peligro para la sociedad. Claramente no representaba riesgo alguno, sino un intento de disciplinar a la disidencia de opinión.
Sólo para denotar el nivel de contraste que la “palanca” produce en un poder servil a la política de turno, alcanza con mencionar a las diputadas nacionales Brenda Austin, Silvia Lospennato, Karina Banfi, Carla Carrizo, Mónica Macha y Josefina Mendoza, todas denunciadas penalmente por la Fundación Más Vida, por incitar a “quemar la catedral” en ocasión de un acto pro-aborto. Las denunciadas podrían haber sido igualmente repudiadas por su participación en un evento que impulsa la despenalización de un genocidio, más allá de su postura personal, pero mucho más aún por revestir del cargo de representante de la sociedad. Razones más que suficientes en un país desarrollado para procesar a un representante como sucede, por ejemplo, con aquellos congresistas que participan de eventos neo-nazis.
No obstante, las denunciadas fueron llevadas a la Justicia por algo mucho más grave, como propiciar a cometer crímenes de odio, lo que es un crimen en sí mismo, atentando igualmente contra el Art. 212 del Código Penal Argentino, y contra la ley 23.592 por “persecución u odio a una religión”. Sin embargo, por muy grave que pueda resultar este accionar, hasta el momento ninguna de las denunciadas resultó detenida. Tampoco procesadas, ni siquiera imputadas. Ni necesitaron esconderse detrás de sus fueros, a los que pedimos públicamente que renuncien, en atención a la imperiosa necesidad de encausar la investigación procesal. Hasta el momento, al menos, la celeridad concedida al simple periodista no tuvo lugar en este juzgado. ¿Tendrá algo que ver la palanca política, en una retórica que nos llama a preguntarnos qué nivel de independencia existe en la Justicia, si es que acaso existe tal cosa?
La única noticia favorable es que, a pesar de todo, aún estamos a tiempo de impartir justicia, en una esperanza de forjar un futuro mejor, pero tal vez demande, al igual que en los primeros tiempos de nuestra república, el compromiso y aporte de todos.
