Con el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobado en ambas cámaras del Congreso y a la espera de su reglamentación por parte del Ejecutivo, los grupos provida dijeron que su lucha continuará en el ámbito judicial. Allí avanzarían con un planteo de inconstitucionalidad de la norma.
«Si el proyecto se convierte en ley iremos a la Justicia para que sea declarada inconstitucional. Argentina se ha obligado a estándares altísimos de protección de la vida desde la concepción», anticipó la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez durante la sesión.
Desde el oficialismo argumentan que el proyecto de ley aprobado es «sólido jurídicamente» y no hay motivos para que la Corte Suprema de Justicia se interponga en su reglamentación, pese a la desconfianza que existe en el máximo órgano judicial.
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El principal argumento que esgrimen quienes sostienen que la norma debería ser impedida por la Corte es que el proyecto vulnera el derecho a la vida, uno de los pilares de la Constitución Nacional.
Sin embargo, entre quienes defienden el proyecto, como la mayoría del bloque oficialista pero también importantes senadores opositores como Martín Lousteau, remarcan que ningún derecho es absoluto.
Además, señalan que desde 1921 que existen en la Argentina reglamentaciones para practicar un aborto legal en casos de violación o cuando está amenazada la vida de la madre, por lo que el derecho a la vida ya no estaba funcionando como un derecho absoluto anteriormente.
En el Gobierno es la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien trabajó en la redacción del proyecto, la que más fuertemente defiende la viabilidad jurídica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Lo cierto es que en las próximas semanas, lo más probable es que la batalla que tuvo lugar en las dos cámaras se traslade al terreno judicial, donde unas pocas personas deberán definir si avanza con normalidad o queda descartada.
