La Corte Suprema ordenó reabrir la causa de la Tragedia Ecos, ocurrida en Santa Fé, con una micro que transportaba alumnos del Colegio Ecos y en el que murieron 9 chicos y una docente
Hoy se cumplen 12 años de la tragedia de Ecos y la sensación de impotencia e impunidad sigue intacta para los familiares de las víctimas.
Pero esperan que la Corte Suprema de Justicia haga lugar a un recurso extraordinario para revertir el fallo que declaró prescripta la causa y dejó en la nada la pena para el único condenado por el caso.
Los familiares apuntan a Uberti, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y los policías de Santa Fe, entre otros, por el estado de la ruta nacional 11.
“Nuestro caso es lo mismo que pasó con Once o con Cromañon. Los funcionarios no fueron responsables directos pero hubo decisiones políticas que permitieron que esta tragedia sucediera. Nadie controlaba las rutas porque había un coimero que recibía dinero para no controlar”, explicó Kohen.
Se trata de un grupo de chicos del colegio Ecos que viajaron a hacer tareas solidarias de El Impenetrable, Chaco.
El 8 de octubre de 2006, de regreso hacia Buenos Aires y a unos 200 kilómetros de Santa Fe capital, el micro que los llevaba por la ruta 11 se topó con un camión zigzagueante que venía por el carril contrario.
El chofer no solo no bajó la velocidad ni se detuvo en la banquina a esperar que el vehículo pasara. Hizo la peor maniobra que podía haber hecho: dio un volantazo que lo hizo chocar de frente.
Murieron nueve estudiantes y una maestra. También el chofer del camión –que estaba cerca del coma alcohólico- y su acompañante.
El principal acusado resultó ser el conductor del micro en el que viajaban los chicos: Oscar Atamañuk, quien afrontó tres juicios.
El primero fue en 2009. Atamañuk fue absuelto por el juez Jorge Galbucera, pero el fiscal apeló y la sentencia fue anulada por la Cámara Penal de Apelaciones de Vera.
El segundo llegó en 2011. El juez penal de Reconquista Virgilio Palud condenó al chofer a tres años de cárcel en suspenso por homicidio culposo.
Pero la defensa apeló y el fallo fue anulado por la Cámara de Penal de Rafaela: el juez se había olvidado de tomarle la indagatoria al acusado.
El tercer juicio tuvo lugar en 2013. El juez Jorge Oscar Fernández dictó la condena a dos años y medio de prisión por “homicidio culposo” y “lesiones culposas” y una inhabilitación para conducir por cinco años.
Pero ya para ese entonces la defensa había iniciado un planteo de prescripción, que tiene éxito en julio de 2014 en la Cámara Penal de Rafaela, con la firma de los jueces Rodolfo Roulet, Juan Manuel Oliva y Hugo Degiovanni.
Tres años después, la Corte Suprema de Santa Fe confirmó la decisión, pero el fiscal general de Santa Fe Carlos Steigmayer planteó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal tiene hoy el caso en estudio. La Procuración General de la Nación apoyó el pedido. Después de haber pasado por varias vocalías, el expediente se encuentra ahora en manos de la jueza Elena Higthon de Nolasco.
