Una fuerte polémica se desató en Tucumán porque el vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, habria firmado un decreto que declararia de interés legislativo “las actividades que realiza la comisión de derecho animal” del Colegio de Abogados de Tucumán. En medio de la pandemia y en un contexto de graves problemas económicos y de desempleo.
En vez de destinar parte del suculento presupuesto que maneja, que hace de la legislatura tucumana, que seria, una de las más caras del país, el vicegobernador pareceria dedicado a quedar bien con sectores privados en la lógica que sumará apoyos en el marco de su enfrentamiento con el gobernador Juan Manzur.
Lo mas llamativo es el argumento que habria utilizado Jaldo para justificar el decreto. “La mencionada comisión participa en congresos, jornadas y encuentros de abogados animalistas a nivel nacional, brinda asesoramiento al colega en cuanto a procesos judiciales donde los animales no humanos se vean involucrados, colabora con los tres poderes del Estado a los fines de coordinar actividades que prevean el crecimiento de la difusión y desarrollo favorable del derecho animal en la provincia, entre otras actividades”.
“Las tareas que realiza esta comisión tiene como fin dar a conocer los derechos de los animales no humanos y educar a nuestra sociedad de una mayor protección y respeto”, concluiria el decreto firmado por Jaldo el 7 de mayo pasado.
Desde el sector de los abogados también estallaron las criticas, en este caso hacia el presidente del Colegio de Abogados, Rodolfo Gilli. “Que haga algo por la profesión”, le habrian recriminado.
