Cámaras empresariales hicieron trascender su inquietud por un proyecto impulsado en el Senado que brindaría más tiempo a los empleados para hacer juicios tras un despido.
Desde la UIA se mostraron sorprendidos por la iniciativa legislativa que propone modificar los plazos de prescripción de reclamos de indemnización tras la extinción del vínculo laboral, y que tiene dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado.
La clave es que la iniciativa da más tiempo a empleados para hacer juicios a sus empleadores después de un despido. Esta propuesta fue impulsada por el senador del Frente de Todos, Daniel Lovera, que, según la UIA, no realizó consulta alguna con el sector privado.
El dictamen sustituye el texto del artículo 256° de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que actualmente establece que todos los créditos de origen laboral prescriben a los dos años, y lo reemplaza aumentando los plazos y distinguiendo entre dos tipos de acciones: tres años para acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco para las demás acciones relativas a relaciones individuales o colectivas de trabajo.
La UIA consideró que la iniciativa «carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas, y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo».
Los empresarios advierten que el proyecto de Lovera es idéntico a uno que presentó el dirigente kirchnerista y abogado laboralista Héctor Recalde en 2017, siendo diputado. «Este proyecto nos preocupa porque aumentará la litigiosidad laboral y es otro elemento más para desalentar la generación de empleo en el sector privado», alertaron desde la UIA.
La central fabril consideró que la extensión del plazo de prescripción a cinco años impactará negativamente en los balances de las empresas, que deberán por lo menos duplicar sus previsiones o reservas contables vinculadas con eventuales reclamos laborales del personal.
