Ocurrió después de un debate extenso en el que defendió la iniciativa y argumentó que «fortalecerá» la Justicia Federal. Desde la oposición la cuestionaron por «inoportuna» e insistieron en que persigue «impunidad».
El proyecto impulsado por el Gobierno, que apunta a la ampliación del fuero federal, fue aprobado con 40 votos a favor del Frente de Todos y 26 en contra de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, tras un debate de 10 horas y una votación caótica.
Hubo quejas de la oposición antes y durante la votación por la cantidad de modificaciones al proyecto -con creación de juzgados y cámaras- leídas sobre el final, que según dijeron no habían sido siquiera informadas.
Durante el debate, el Frente de Todos destacó que la iniciativa permitirá el «fortalecimiento de la Justicia Federal» en la ciudad de Buenos Aires y especialmente en las provincias, y afirmó que apunta a «la necesidad de recuperar la independencia de los jueces», con críticas al proceder del Poder Judicial durante la gestión de Mauricio Macri.
Por su parte, Juntos por el Cambio remarcó que el proyecto apunta a «lograr un sesgo de impunidad» y puso un manto de dudas sobre la creación de nuevos cargos para la justicia federal de las provincias, al acusar al oficialismo de usar eso para «negociar» los votos que le faltan en Diputados.
La oficialista María de los Ángeles Sacnun destacó que se hicieron «modificaciones» al proyecto para «mejorarlo», y acusó a la oposición de «cerrada» por no sugerir «ningún cambio a un proyecto que no estaba cerrado» y rechazó que pretenda «buscar impunidad».
«El artículo 14 establece que ninguna causa va a ser sacada a los jueces naturales, todas seguirán siendo instruidas por los mismos jueces», subrayó la santafesina en este sentido, al tiempo que destacó que la iniciativa tomó cosas del plan «Justicia 2020» de la gestión anterior.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) sostuvo que «no es un cambio para acercar la justicia a la gente en cosas del día a día» sino para modificar «la Justicia Federal Penal que atiende a los poderosos, a los que cometen delitos de corrupción».
«Este proyecto es simplemente un engranaje más en un plan estratégico para lograr un sesgo de impunidad», agregó la cordobesa, al tiempo que sostuvo que «han estado negociando cargos» en la nueva estructura judicial «con algunos de los que se espera que voten a favor en la Cámara de Diputados».
El jefe de la principal bancada opositora, Luis Naidenoff, reforzó: «No es una reforma integral sino una reforma del fuero federal penal. La pregunta es ¿para proteger a quién? ¿Creen que con esta reforma paramos el narco en la Argentina?». «Que la Cámara de Diputados encuentre ese equilibrio que hoy nos está faltando», agregó.
En tanto, el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, subrayó que «antes de que el proyecto llegara al Senado la oposición ya se declaró en contra» y afirmó que la propuesta «asegura la mejora de la justicia federal en todo el país».
Varios senadores del oficialismo, como el pamepano Daniel Lovera y el santafesino Roberto Mirabella, entre otros, destacaron la importancia de la ampliación en la estructura de la justicia federal con asiento en las provincias, que tienen causas sobre temas como narcotráfico y enfrentan problemas operativos.
Entre los opositores, la mayoría remarcó lo «inoportuno» del proyecto impulsado en medio de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 y sostuvo que la reforma «no va a servir para modificar la realidad», como opinó el porteño Martín Lousteau.
Su compañero de bloque mendocino Julio Cobos criticó el sistema de subrogancias del proyecto por entender que generará «jueces interinos, sin estabilidad y van a estar más condicionados».
