La iniciativa del blanqueo laboral es un proyecto que podría aportar unos 75.000 millones de pesos anuales al Fisco y contribuir a la reducción del déficit fiscal, según estimaciones oficiales y privadas, por lo que el gobierno buscará apurar su sanción tras las elecciones.
De ese total, 4.500 millones de pesos irían a parar a los sindicados y otros 12.000 millones a las obras sociales.
Allí radicaría la explicación del guiño inicial que la CGT dio a la iniciativa del gobierno, que significaría un importante auxilio fiscal y contaría con la aprobación del Congreso.
Se estima que los trabajadores informales serían entre 4,5 y 4,8 millones, que no aportan al sistema de seguridad social y no cuentan con obra social ni derechos laborales.
De ese total, en una primera etapa, el Gobierno aspira a que alrededor de 1.000.000, el 20% de los actuales trabajadores en negro, se sumen al trabajo registrado.
El foco estará puesto en construcción, comercio, gastronómicos, peones rurales, personal doméstico y, en menor medida, empleados de las manufacturas, según estimaciones del Ministerio de Trabajo.
El blanqueo laboral es uno de los principales pedidos del presidente Mauricio Macri al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, porque genera gran cantidad de juicios laborales, disminuyen el poder recaudatorio y desfinancian el sistema de salud.
Todo ese esquema de informalidad constituye un freno para las inversiones, porque impide reducir la presión impositiva sobre los que están en regla.
En la actualidad, un empleador aporta un 30% del sueldo por los aportes a las seguridad social, que incluyen jubilación (16%), obra social (5%), Pami (2%) y Asignaciones Familiares (7,5%), excluyendo los aportes por ART, el Fondo Nacional del Empleo y el seguro de vida obligatorio.
El aporte del trabajador ronda el 20% por los de jubilación (11%), PAMI (3%), obra social (3%) y la cuota sindical voluntaria (entre 2 y 3%).
Según la última medición de distribución del ingreso difundida por el INDEC, la media salarial per cápita entre los diez deciles de la población económicamente activa es de $14.618 para los hombres y $10.427 para las mujeres, lo que arroja un promedio de 12.500 pesos.
Aplicando los descuentos a ese sueldo promedio, el Estado recaudaría al año 75.000 millones de pesos, 45 mil millones por aportes del empleador y 30 mil millones más por el empleado.
La suma total equivale a casi 30 por ciento de una recaudación mensual de la AFIP, un adicional más que importante para las siempre sedientas arcas del Estado, y más teniendo en cuenta que el blanqueo no fue contabilizado en el presupuesto del año próximo.
Pero no sólo el Estado estaría satisfecho: los gremios también recibirían alrededor 4.500 millones anuales por la cuota sindical y otros 12.000 millones irían a parar a la caja de las debilitadas obras sociales, según los porcentajes de aportes.
El gobierno no mira solamente los beneficios fiscales, sino también mide el impacto político a su favor que significará reconocerle años trabajados para la jubilación a quienes durante mucho tiempo no tuvieron aportes y que en el futuro los habilita a una prestación.
La contracara sería que para los empresarios significaría un perdón a años de evasión, un punto polémico que no es muy bien visto en algunos sectores del gobierno. Pero eso será parte del debate que se viene.
