MAFIA DE LOS CONTENEDORES CONFIRMARON EL PROCESAMIENTO DEL «MONO» MINNICELLI Y QUEDÓ AL BORDE DEL JUICIO ORAL

La Cámara en lo penal económico confirmó hoy el procesamiento de Claudio «Mono» Minnicelli, cuñado del exministro Julio De Vido, por contrabando y asociación ilícita en el marco de la causa conocida como la «mafia de los contenedores».
Con la firma de los jueces Juan Bonzón, Edmundo Hendler y Nicanor Repetto, el tribunal también le impuso un embargo de 22 millones de pesos sobre sus bienes.
Minnicelli estuvo prófugo por varios meses tras la orden de detención del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien envió a juicio a los empresario Odelmar Laborda y Federico Tiscornia, medio hermano de un exjuez.
El excuñado del exministro de Planificación Federal está acusado de ser parte de una asociación ilícita que se dedicaba a liberar contenedores que estaban retenidos en la Aduana por orden judicial.
Se comprobó que la organización había retirado media docena de contenedores a través de la presentación de documentación apócrifa de distintas sociedades.
Minnicelli está acusado de ser partícipe de las operaciones de contrabando y, según la investigación, «habría tenido intervención desde el principio».
La Sala A de la Cámara en lo Penal Económico evaluó que en la causa «surgen indicios con entidad suficiente para justificar, en esta etapa del proceso, la orden de procesamiento que es materia de apelación» respecto a Minnicelli.
Aguinsky lo había procesado por considerar clave una pericia acústica sobre unas escuchas telefónicas incorporadas a la causa y donde se estableció que una de las voces coincidía con un registro tomado en persona a Minnicelli.
En una de las escuchas quedó constancia de una conversación entre Minnicelli y Tiscornia sobre falsificar el «bill of landing», que es la documentación que tiene todos los datos del contenedor.
La Cámara evaluó que esas pruebas alcanzan «para estimar que Claudio Minnicelli habría integrado la presunta agrupación ilícita investigada y participado activamente en los intentos de contrabando de mercaderías que se le atribuyen».
En ese sentido, aseguró que el cuñado de De Vido «habría tenido un trato fluido y directo con al menos dos integrantes» de la asociación ilícita.
En tanto, la fiscal del caso, Gabriela Ruiz Morales, y los fiscales cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, solicitaron la juez Aguinsky la citación a indagatoria de 34 personas y ejecutivos de 11 empresas por su participación en las maniobras de contrabando.
Se trata de un total de 567 hechos, de los cuales 35 fueron en grado de tentativa, ocurridos durante 2014 y 2015, y que significaron un perjuicio económico para el Estado Nacional calculado en más de 435 millones de dólares.
La solicitud del Ministerio Público Fiscal se hizo extensiva a los integrantes del servicio aduanero argentino con funciones de guarda y verificación en la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires y en los depósitos fiscales Terminal Carga Tigre (TCT) y Carestiba.
Además, dejó abierta la imputación «a toda otra persona que hubiese ejercido funciones de control sobre la operatoria».
También se pidió la indagatoria de tres importantes exfuncionarios de la Dirección General de Aduanas: Daniel Santanna, entonces subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, y sus subordinados Edgardo Rodolfo Paolucci, director de Aduanas Metropolitanas I, y Eduardo Alfredo Bernardi, director de Aduanas Metropolitanas II.
En un extenso dictamen, los fiscales indicaron que los comportamientos imputables «a los funcionarios que tuvieron a su cargo el control de las operaciones ─y, en consecuencia, la obligación que de aquéllas no sobrevinieran resultados lesivos─ se funda en que aquellos se apartaron del cumplimiento de las normas que regían sus actividades».