Una agrupación de derechos humanos querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado pedirá mañana a la Justicia que ordene examinar el flujo de comunicaciones de Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y quien estuvo el 1 de agosto en el operativo de Gendarmería.
Ese procedimiento fue durante el corte de la comunidad mapuche Pu Lof sobre la Ruta 40 en Chubut.
Se trata de dos teléfonos celulares del funcionario y el pedido de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos será para examinar el listado de llamados entrantes y salientes desde el 30 de julio pasado hasta la actualidad, pudo saber NA.
La agrupación es querellante en la causa por la desaparición del joven Maldonado y la presentación será ante el nuevo juez que asumió el caso, Gustavo Lleral, en reemplazo del removido Guido Otranto.
En el escrito que lleva la firma de Margarita Cruz, presidenta de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, se critica que el anterior juez del caso nunca llevó adelante tal peritaje sobre los teléfonos de Noceti.
Los querellantes sostienen que Noceti mantuvo reunión previa con jefes de distintas fuerzas apostadas en la zona de conflicto y que se presume existió un «comando estratégico» ante la protesta de la comunidad mapuche.
Si bien la medida fue previamente rechazada, para la entidad se abrió un nuevo panorama ante «la cantidad de irregularidades cometidas por la Gendarmería, que indica una clara voluntad de encubrir y que habría tenido información de medidas judiciales antes de que éstas se llevaran a cabo».
La agrupación señaló que Gendarmería al inicio no informó correctamente sobre los miembros del operativo de la Gendarmería que participaron del operativo en Pu Lof de Cushamen el 1 de agosto, y que previamente hubieron tareas de inteligencia en el lugar por parte de esa fuerza de seguridad.
Asimismo señala el resultado de los peritajes sobre los gendarmes que participaron del operativo que hacen referencia a una persona detenida y luego liberada, y hasta aquellos que refieren a que sabían de antemano que a sus integrantes les iban a secuestrar los equipos una vez llegados al Escuadrón.
«Lo más relevante es que los gendarmes poseían información anticipada de las decisiones judiciales (secuestro de teléfonos, pericias sobre los móviles), sumado a «errores» en la información de personal y móviles intervinientes y una presencia constatada de Noceti, tanto físicamente como telefónicamente», sostuvo la querella.
El peritaje, además de evaluar llamados entrantes y salientes de los dos teléfonos de Noceti, también es para verificar si se ha borrado algún tipo de información.
Además, en el escrito que presentarán este lunes y a cuyo borrador accedió NA, se pedirá profundizar el estudio de los teléfonos de la Gendarmería: que la División Delitos Tecnológicos de la P.F.A informe si cuenta con la posibilidad de extraer de dichos equipos toda información que pudo haber sido borrada tales como llamadas, mensajes, fotos, videos o documentos.