A pocos días de finalizar un año signado por la cuarentena más larga del mundo, con resultados sanitarios magros a comparación de otros países con menores restricciones de circulación, el país se prepara para debatir otra vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Se trata de una promesa del presidente Alberto Fernández que se hizo esperar, entre muchas idas y vueltas de anuncios por parte de Vilma Ibarra que luego eran desmentidos por el mismo presidente, y desconocidos por Cristina Fernández, que aseguró haberse enterado del envío del proyecto por televisión.
Ante el cierre del calendario legislativo, cuando todo parecía indicar que finalmente este año no habría tratamiento, el Ejecutivo envió el proyecto junto con un decreto para extender las sesiones ordinarias y convocar a su tratamiento en extraordinarias, algo jurídicamente endeble.
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Eso le valió la presentación de un Recurso de Amparo de la Fundación Más Vida, que entiende que la Constitución Nacional sólo habilita las sesiones extraordinarias cuando un grave asunto de orden o progreso lo requiera (algo difícil de justificar habiendo dejado pasar todo el año previo al envío, en una dinámica que no convence por urgente), y que aún esta pendiente de resolución por parte del Juzgado Contencioso N° 10.
Adicionalmente, el Ejecutivo tuvo que emitir un nuevo decreto por error o desconocimiento de la Constitución, que establece un plazo de 10 días previos al final del período para dictaminar, y que no le habría habilitado el dictamen del día de hoy.
Mientras tanto, el Gobierno (que a diferencia del proyecto enviado por Mauricio Macri hace dos años asume el impulso como política partidaria), hace números temiendo por una posible derrota en el recinto, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: en primer lugar, el proyecto, a diferencia del anterior, se politizó mas de la cuenta, concluyendo como una victoria del Fernandismo si logra avanzar. Y por tanto, nada agradable para el amplio abanico opositor, más allá de las posturas personales.
En segundo lugar, todas las encuestas afirman un avance de la opinión pública en contra del aborto, sobre todo desde 2018 hacia esta parte, lo que sumado a la presión social por la mayor crisis económica de los últimos tiempos, superior a la del 2001, con una pobreza rondando entre el 50 y 60 %, ha denotado una escalada en los medios de protesta ejercidos por la ciudadanía, que a diferencia del intento anterior, ahora trasladó las manifestaciones a los domicilios de algunos diputados, un hecho que ha generado mucha irritación en los legisladores, pero también mucho temor a las represalias, sobre todo en aquellos del interior que aún no votaron.
Con un número aún importante de indecisos, el resultado de la votación. cuyo debate tendrá lugar a partir de las 10 hs, y que se planea extender por cerca de 30 horas, es aún incierto, sobre todo teniendo en cuenta algunos cambios de postura, como los de Aída Ayala y Sofía Brambilla, que habían votado por el aborto en 2018, y afirmaron que rechazarían este proyecto.
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Puertas afuera del Congreso, la plaza fue nuevamente dividida como en 2018 para seguir la votación en vivo, y se dispusieron escenarios en ambos lados donde los concurrentes ya se hicieron presentes desde la madrugada de ayer, esperando un mayor flujo de manifestantes a partir del mediodía de mañana y hasta pasada la medianoche, sobre todo teniendo en cuenta el clima que se prevé favorable.
Del lado verde, las organizaciones agrupadas en torno a “La Campaña”, como se conoce a la organización que impulsa habitualmente el proyecto de despenalización del aborto, dispondrán de diversas carpas temáticas y representativas de los diversos colectivos, mientras que del lado celeste, las organizaciones organizadas en torno a la “Mesa de Enlace Provida” proponen un acto central que duraría todo el tiempo que dure el debate, con bandas musicales provida, y testimonios de mujeres que pasaron por el aborto.
En el interior del país se disponen diversos puntos de encuentro, con mayor presencia de organizaciones provida, frente a las legislaturas, o en las plazas y parques principales, según la ciudad, muchas de las cuales se sumaron el 28 de noviembre pasado junto a 500 puntos distribuidos a lo largo y a lo ancho del país en un reclamo “federal” contra el aborto.
