A comienzos de marzo pasado, seis diputadas (Brenda Austin, Silvia Lospennato, Carina Banfi, Carla Carrizo, Mónica Macha y Josefina Mendoza) fueron denunciadas penalmente por la Fundación Más Vida, la más representativa de los “celestes”, por incitación a cometer crímenes de odio, en violación al art. 212 del Código Penal y a la Ley 23.592 antidiscriminación, al proferir cánticos que amenazaban con “quemar la Catedral”.
La causa había recaído en el Juzgado Federal Nro. 8 de Comodoro Py, a cargo del Juez Marcelo Martínez De Giorgi, a poco de asumir en reemplazo de otro juez polémico, Claudio Bonadío.
Durante los primeros meses de la cuarentena por coronavirus, la causa se mantuvo en aparente silencio, pero luego transcendió la noticia de que la fiscalía habría dictado falta de mérito por el delito del que se acusaba a las diputadas.
Esto motivó a la Fundación a realizar varios pedidos al Juez para que informe el estado procesal de la causa. Al final, confirmó que a su entender “no habría delito” y que, según sus fundamentos, el hecho de que se incite a quemar templos no significa que luego estos delitos se cometan, por lo que dicha amenaza estaría amparada en la “libertad de expresión”.
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Dicha justificación le valió al magistrado una denuncia por Prevaricato (mal desempeño de su función por no aplicar fielmente la ley), impulsada por la misma fundación, en atención a que los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina establecen claramente que la incitación a cometer crímenes de odio, sea por motivos de raza, color, etnia o religiosos, no se encuentran encuadrados dentro de la libertad de expresión, y que por el contrario los países deben prohibirlos y condenarlos, ya que se consideran la antesala de los repudiables crímenes de lesa-humanidad.
La denuncia por prevaricato recae en el Juzgado Federal Nro. 6, que se encontraba a cargo del Juez Julián Ercolini, quien reemplazaba a Canicoba Corral, pero que finalmente renunció el 1ero de octubre pasado, siendo subrogado actualmente por Eugenia Capuchetti, ahora con el encargo de evaluar el mal desempeño de Martínez De Giorgi, frente a los antecedentes de varios intentos incendiarios de diversos templos, y el más reciente y conocido caso de la Catedral chilena que fuera incendiada casi por completo por un grupo extremista.
Será una tarea nada fácil para el nuevo magistrado, atendiendo a que el prevaricato habitualmente es causal de Juicio Político, pero sobre todo porque los argumentos de la parte “provida” son suficientemente sólidos teniendo en cuenta que los cánticos de las diputadas fueron registrados en video y tomaron estado público.
